A las seis de la mañana el sol ya calienta las milpas de la región de la Frailesca, en Chiapas. Don Efrén saca de la bolsa del pantalón un sobre manchado de tierra. Adentro, la carta que le llegó hace tres días: “Su solicitud no cumple los requisitos del programa Precio Justo”. La firma es ilegible, pero el sello del gobierno federal se ve clarito.

—Son mis tres hectáreas de maíz criollo, las mismas que sembró mi papá —dice él, mientras enciende un cigarro de hoja—. Pero resulta que no soy “prioritario” porque no tengo factura de tractor ni certificado de la asociación. Y así, dos millones de productores como yo.

Eso lo dice el informe interno que circuló en la Secretaría de Agricultura, mismo que el periódico local consiguió. El programa Precio Justo, ese que presume la Presidenta como un escudo contra la inflación, destinó el 85 por ciento de sus subsidios a grandes agroempresas del norte. Mientras tanto, el maíz importado llegó en enero a tres millones de toneladas, la cifra más alta en una década.

—Es un absurdo —resume el dirigente campesino de la región, un hombre delgado que ajusta su sombrero frente al micrófono de la radio comunitaria—. Prometen proteger al maíz mexicano, pero los que lo producen no existen en sus cuentas. El único precio justo aquí es el que fijan los gringos en la bolsa de Chicago.

A media mañana el polvo levanta en el camino de terracería. Un trailer cargado de maíz amarillo pasa rumbo a la planta de harinas. Don Efrén lo señala: “Ese viene de Iowa. Y está más barato que mi maíz blanco, que no es transgénico y que da tres veces más rendimiento si llueve bien. Pero ellos tienen subsidio, tractores, y un programa que se llama Precio Justo pero que a ellos no les toca”.

La oficina de enlace de Agricultura en el municipio tiene un cartel de Claudia Sheinbaum sonriente junto a un mazorca. Adentro, un funcionario joven explica que el programa prioriza “economías de escala” y “productores con capacidades técnicas”. Afuera, los campesinos formados para entregar sus papeles preguntan qué tamaño tiene que tener un productor para ser justo.

—Usted siembra cinco hectáreas: no es prioridad. Diez hectáreas: prioridad media. Cincuenta: prioridad alta. Y si usted es dueño de una procesadora, entonces es socio estratégico —enumera el funcionario, con tono cansado.

El sol cae sobre la milpa de don Efrén. Allí está, en terrenos que su abuelo desmontó a machete, el maíz que el mundo industrial llama “ineficiente”. Pero la tortilla que se come en la ciudad sale de esas parcelas pequeñas. El Precio Justo, ese mecanismo que debería proteger al maíz nativo, terminó siendo un hermoso cartel publicitario. Mientras tanto, los silos del puerto de Veracruz se llenan de grano importado, y dos millones de don Efrenes ajustan el sombrero, encienden otro cigarro, y miran la tierra.

A las seis de la mañana el sol ya calienta las milpas de la región de la Frailesca, en Chiapas. Don Efrén saca de la bolsa del pantalón un sobre manchado de tierra. Adentro, la carta que le llegó hace tres días: “Su solicitud no cumple los requisitos del programa Precio Justo”. La firma es ilegible, pero el sello del gobierno federal se ve clarito.

—Son mis tres hectáreas de maíz criollo, las mismas que sembró mi papá —dice él, mientras enciende un cigarro de hoja—. Pero resulta que no soy “prioritario” porque no tengo factura de tractor ni certificado de la asociación. Y así, dos millones de productores como yo.

Eso lo dice el informe interno que circuló en la Secretaría de Agricultura, mismo que el periódico local consiguió. El programa Precio Justo, ese que presume la Presidenta como un escudo contra la inflación, destinó el 85 por ciento de sus subsidios a grandes agroempresas del norte. Mientras tanto, el maíz importado llegó en enero a tres millones de toneladas, la cifra más alta en una década.

—Es un absurdo —resume el dirigente campesino de la región, un hombre delgado que ajusta su sombrero frente al micrófono de la radio comunitaria—. Prometen proteger al maíz mexicano, pero los que lo producen no existen en sus cuentas. El único precio justo aquí es el que fijan los gringos en la bolsa de Chicago.

A media mañana el polvo levanta en el camino de terracería. Un trailer cargado de maíz amarillo pasa rumbo a la planta de harinas. Don Efrén lo señala: “Ese viene de Iowa. Y está más barato que mi maíz blanco, que no es transgénico y que da tres veces más rendimiento si llueve bien. Pero ellos tienen subsidio, tractores, y un programa que se llama Precio Justo pero que a ellos no les toca”.

La oficina de enlace de Agricultura en el municipio tiene un cartel de Claudia Sheinbaum sonriente junto a un mazorca. Adentro, un funcionario joven explica que el programa prioriza “economías de escala” y “productores con capacidades técnicas”. Afuera, los campesinos formados para entregar sus papeles preguntan qué tamaño tiene que tener un productor para ser justo.

—Usted siembra cinco hectáreas: no es prioridad. Diez hectáreas: prioridad media. Cincuenta: prioridad alta. Y si usted es dueño de una procesadora, entonces es socio estratégico —enumera el funcionario, con tono cansado.

El sol cae sobre la milpa de don Efrén. Allí está, en terrenos que su abuelo desmontó a machete, el maíz que el mundo industrial llama “ineficiente”. Pero la tortilla que se come en la ciudad sale de esas parcelas pequeñas. El Precio Justo, ese mecanismo que debería proteger al maíz nativo, terminó siendo un hermoso cartel publicitario. Mientras tanto, los silos del puerto de Veracruz se llenan de grano importado, y dos millones de don Efrenes ajustan el sombrero, encienden otro cigarro, y miran la tierra.