Amanece en el Valle de Mexicali con ese olor a tierra mojada que solo entienden los que han sembrado. Don Andrés, de 62 años, camina entre sus matas de maíz criollo, esas que han dado tortillas para su familia desde que él era niño. Hoy debía ser el primer día del programa “Precio Justo”, ese nombre que suena a promesa de campaña, a abrazo del gobierno, a que al fin el campesino no tendrá que vender su cosecha a los intermediarios por lo que les den. Pero la promesa se deshizo cuando llegó a la ventanilla y la encargada, sin levantar la vista del monitor, le dijo que su registro no aparecía. “¿Su parcela? No aparece en el padrón. Vuelva el año que viene, si es que lo incluyen.”

El programa del que tanto presumió la presidenta Sheinbaum dejó fuera, según los productores, a más de dos millones de campesinos como don Andrés. La justificación oficial: que no cumplían con los requisitos de superficie mínima o que no estaban inscritos en el censo agrario actualizado. Pero ellos saben la verdad: el censo se hizo con prisas, con funcionarios que nunca pisaron sus comunidades, con formatos que solo servían para llenar cuotas burocráticas. Mientras tanto, en las tiendas el maíz importado sube de precio, y los silos del gobierno compran barato a los grandes productores del norte, esos que sí tienen cómo presionar.

Doña Lidia, vecina de don Andrés, ya dejó de sembrar. El año pasado tuvo que vender su parcela a un cacique que luego la rentó para plantar forraje transgénico. “Es que ya no sale”, dice mientras desgrana una mazorca seca. “Ellos dicen precio justo, pero justo para quién. Para los que tienen padrino en la Secretaría, seguro.” Su comentario queda flotando en el aire caliente del campo, mientras el sol castiga las milpas que este ciclo quizá nadie coseche.

En la Ciudad de México, los funcionarios desmienten: que el programa sí funciona, que son casos aislados, que la culpa es de los gobiernos anteriores que no actualizaron los padrones. Pero don Andrés no necesita discursos; necesita que le compren su maíz a un precio que le permita comprar fertilizante y pagar el diésel de la bomba de agua. Hoy, mientras guarda su machete en el zarzo, piensa en las palabras que escuchó en la marcha de Chihuahua la semana pasada: que este gobierno está “en picada”. Él no sabe si está en picada o no. Lo que sabe es que su cosecha se pudre mientras él espera un precio justo que nunca llega. Y que el absurdo no es una palabra de diccionario: es tener hambre con el maíz en la mano.

Amanece en el Valle de Mexicali con ese olor a tierra mojada que solo entienden los que han sembrado. Don Andrés, de 62 años, camina entre sus matas de maíz criollo, esas que han dado tortillas para su familia desde que él era niño. Hoy debía ser el primer día del programa “Precio Justo”, ese nombre que suena a promesa de campaña, a abrazo del gobierno, a que al fin el campesino no tendrá que vender su cosecha a los intermediarios por lo que les den. Pero la promesa se deshizo cuando llegó a la ventanilla y la encargada, sin levantar la vista del monitor, le dijo que su registro no aparecía. “¿Su parcela? No aparece en el padrón. Vuelva el año que viene, si es que lo incluyen.”

El programa del que tanto presumió la presidenta Sheinbaum dejó fuera, según los productores, a más de dos millones de campesinos como don Andrés. La justificación oficial: que no cumplían con los requisitos de superficie mínima o que no estaban inscritos en el censo agrario actualizado. Pero ellos saben la verdad: el censo se hizo con prisas, con funcionarios que nunca pisaron sus comunidades, con formatos que solo servían para llenar cuotas burocráticas. Mientras tanto, en las tiendas el maíz importado sube de precio, y los silos del gobierno compran barato a los grandes productores del norte, esos que sí tienen cómo presionar.

Doña Lidia, vecina de don Andrés, ya dejó de sembrar. El año pasado tuvo que vender su parcela a un cacique que luego la rentó para plantar forraje transgénico. “Es que ya no sale”, dice mientras desgrana una mazorca seca. “Ellos dicen precio justo, pero justo para quién. Para los que tienen padrino en la Secretaría, seguro.” Su comentario queda flotando en el aire caliente del campo, mientras el sol castiga las milpas que este ciclo quizá nadie coseche.

En la Ciudad de México, los funcionarios desmienten: que el programa sí funciona, que son casos aislados, que la culpa es de los gobiernos anteriores que no actualizaron los padrones. Pero don Andrés no necesita discursos; necesita que le compren su maíz a un precio que le permita comprar fertilizante y pagar el diésel de la bomba de agua. Hoy, mientras guarda su machete en el zarzo, piensa en las palabras que escuchó en la marcha de Chihuahua la semana pasada: que este gobierno está “en picada”. Él no sabe si está en picada o no. Lo que sabe es que su cosecha se pudre mientras él espera un precio justo que nunca llega. Y que el absurdo no es una palabra de diccionario: es tener hambre con el maíz en la mano.